LA RADIOGRAFÍA DE UNA CARCELERÍA.

Hay delincuentes que gozan de privilegios en prisión.

Hoy, lunes 30 de agosto, salió publicada una grave denuncia en el diario “La Primera” respecto a una probable salida del procesado Rómulo León, del penal de “San Jorge”, lo cual implicaría la responsabilidad de funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que merece ser pesquisada exhaustivamente; incluso, esta clase de beneficios o privilegios podría estar siendo aplicada a otros reos que por razones económicas o favores políticos gocen de ciertas ventajas en las cárceles. Al parecer, el inculpado León habría estado en una “diligencia” (no sabemos si dentro del penal o fuera de él) y eso impidió una reunión pactada; salvo, que tenga tal nivel de influencia interna que en cada visita, previamente, le consulten si atenderá a la persona o no, y, según ello, el agente penitenciario, actuando de secretario, responda que está en una “diligencia”, por no decir que está ocupado o que no desea atender al visitante.

Nuestro BLOG ha podido consultar, rápidamente, con algunas personas que sufrieron injusta carcelería y hemos recopilado cierta información que nos permite observar una radiografía para afirmar que en los diversos centros penitenciarios existe un nivel de corrupción, donde los internos deben pagar cantidades de dinero desde que son detenidos, para determinar a que penal los envían, para saber en que pabellón van a pernoctar, para poder alimentarse, para tener algún colchón donde dormir, para tener acceso a los servicios higiénicos con privacidad, para que les computen días de trabajo y posteriormente acogerse a beneficios legales, para tener acceso a inmobiliario personal, para efectuar pedidos delivery de alimentos, entre otras situaciones ventajosas; además, hay un costo adicional para gozar de visitas intimas.

En la cárcel nada es gratis; todo tiene un precio y eso lo saben las propias autoridades penitenciarias, las cuales en algunos casos imponen ciertas tarifas. Nadie se atreve a denunciar por que las represalias pueden ser funestas o severas. Hay organizaciones criminales que controlan los penales, a sabiendas de las propias autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), las cuales guardan un silencio cómplice. Si un interno no tiene dinero, lo máximo que podría lograr es un crédito que debe pagarlo los fines de semana, con plata que alcancen sus familiares o parientes que los visiten. Evidentemente, quienes no tienen posibilidades económicas son los que realmente sufren, sus visitantes son vejados cuando acuden a verlos, terminan hacinados o amontonados en las celdas, con mala alimentación, tratamiento inhumano, enfermedades infecto-contagiosas y hasta severamente castigados por no obedecer a los agentes. No les queda otro camino que alinearse e ingresar a esa telaraña de corrupción o sufrir.

El hacinamiento en las cárceles peruanas.

Estos abusos y atropellos se comenten en las prisiones a nivel nacional; hay ciertas autoridades o agentes penitenciarios que conviven con la delincuencia y la corrupción. Más aún, cuando todos sabemos que los internos no trabajan, ni ocupan su tiempo en actividades que les permitan buscar una readaptación social; el ocio termina siendo la madre de los vicios, conduce al consumo de drogas y alcohol, la depresión predomina en algunos internos y eso resulta afectando los derechos elementales. Son pocos los internos que lograr efectuar labores dentro de la cárcel; no hay espacio, ni ocupación para todos. Los penales se han convertido en lugares de castigo y no para rehabilitar al ser humano, por eso terminan convertidos en escuelas de delincuentes.
Hay gente que ingresa por delitos menores y se perfeccionan en el crimen organizado; vemos, por ejemplo, carteristas o arrebatadores de bolsos convertidos en secuestradores o “dateros” convertidos en marcas o sicarios. No hay una verdadera selección en los pabellones para internos procesados o condenados, ni divisiones de acuerdo a primarios o reincidentes, ni calificación por ciertos delitos o antecedentes. No hay control, ni nada por el estilo; se convierte en tierra de nadie. Todos ingresan y se acomodan como puedan, salvo que tengan dinero y, en ese caso, si tienen privilegios o beneficios.

Por ello, desde nuestro BLOG, consideramos primordial que el gobierno, a través del Ministro de Justicia, ponga mayor énfasis en los centros penitenciarios, que se otorgue un mayor presupuesto, que se constituyan más penales con requisitos mínimos establecidos por organizaciones internacionales y que tengan lo necesario para lograrse una verdadera readaptación social de aquellas personas que han delinquido. Necesitamos penales agrícolas en el interior del país, alejados de la ciudad, no como ahora donde existe una cárcel (“San Jorge”) en pleno centro de Lima o penales (“San Pedro” o “Castro Castro”) rodeados de viviendas; los internos deben trabajar y de la labor que desempeñen debe producirse una utilidad económica que debería ser canalizada y distribuida legalmente, por decir en tres partes básicas; un porcentaje para sus familiares, otro para el pago de la reparación civil y el saldo para su alimentación. El trabajo debe ser planificado por el propio Instituto Nacional Penitenciario (INPE), incluyendo formación en valores; los inculpados o condenados deberían, al menos, izar la bandera en el patio central del penal, cantar el himno nacional, hacer ejercicios y trabajar para que tengan el tiempo ocupado y no estar pensando en escaparse o delinquir. Tantas obras o carreteras que deben construirse, donde algunos internos pueden intervenir; así como en un momento se utilizó al Ejército para que apoye en obras porque no lo hacemos con los internos. Nada esta planificado, ni organizado; cambian los gobiernos, nombran otros funcionarios pero la corrupción continúa y nadie sanciona.




Lima, agosto del 2010.