Palacio Nacional de Justicia (Perú)
La población necesita que la administración de justicia sea imparcial y eficaz; que la autoridad jurisdiccional garantice la vigencia de los derechos fundamentales de los justiciables y que los corruptos sean enjuiciados, con respeto al debido proceso legal, y sancionados ejemplarmente, con penas efectivas. En ese sentido, más grave resulta el crímen (delito) cometido por el funcionario público encargado de impartir justicia o quien desempeña el papel de defensor de la legalidad y de la sociedad; por eso, hay que ser drásticos y enérgicos cuando se trata de infracciones penales cometidas por jueces o fiscales. Para ellos, el mensaje directo es destitución y prisión; no queda otro camino. La ciudadanía está cansada de tantos abusos y atropellos que se cometen en el Poder Judicial (PJ) y Ministerio Público (MP); y, cuando presentan sus quejas ante los órganos de control, nadie resulta sancionado, los magistrados continúan en sus puestos como si nada hubiera sucedido e incluso puede haber represalias contra el quejoso.
Fuente "Carlincaturas"
Por eso, consideramos necesario e indispensable describir algunas propuestas democráticas:
1. Las oficinas de control del Poder Judicial (PJ) y Ministerio Público (MP) deben depender directamente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) a fin que actúen sus pesquisas con mayor transparencia, imparcialidad, independencia y autonomía; hay que cortar ese cordón umbilical que permite la impunidad de aquellos magistrados que desempeñan una inconducta funcional. Las denuncias contra jueces o fiscales, de todas las instancias, deben ser presentadas directamente ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y para ello se requiere que dicha Institución impulse una inmediata reforma constitucional, demostrando una verdadera voluntad para luchar contra la corrupción.
2. Darle mayor fuerza a los representantes del Poder Judicial (PJ) y Ministerio Público (MP), ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), para lo cual debe convocarse a un concurso público donde los postulantes inscriban su candidatura y se sometan al voto directo y secreto de todos los jueces y fiscales a nivel nacional; y, a su vez, conozcamos la trayectoria democrática y profesional, la formación académica y las propuestas de quienes aspiran a esos cargos. Debemos saber que piensan hacer para mejorar la administración de justicia y combatir la corrupción que existe en el vientre de las instituciones que aspiran a representar.
3. Los procesos de selección, evaluación y ratificación de jueces y fiscales deben ser elaborados o diseñados para lograr que existan magistrados imparciales, probos, honrados, honestos, de conducta intachable, con probada trayectoria democrática, con una verdadera escala de valores (ética y moral), con formación académica y experiencia profesional; y, que las puntuaciones que se otorgan a los aspirantes sea adecuada a las labores y/o tareas que desempeñan. El Perú necesita jueces o fiscales que sean seres humanos, democrátas, que respeten los derechos humanos, que conozcan y apliquen el ordenamiento jurídico vigente; no queremos magistrados teóricos, que sólo repitan el codigo subjetivo o adjetivo.
4. La modificación de la Carta Política para determinar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y la inhabilitación perpetúa para el ejercicio de la función pública, de todos aquellos condenados por delitos de corrupción; evitándose que utilicen la prescripción, por el transcurso del tiempo, para evadir la responsabilidad penal y lograr impunidad.
1. Las oficinas de control del Poder Judicial (PJ) y Ministerio Público (MP) deben depender directamente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) a fin que actúen sus pesquisas con mayor transparencia, imparcialidad, independencia y autonomía; hay que cortar ese cordón umbilical que permite la impunidad de aquellos magistrados que desempeñan una inconducta funcional. Las denuncias contra jueces o fiscales, de todas las instancias, deben ser presentadas directamente ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y para ello se requiere que dicha Institución impulse una inmediata reforma constitucional, demostrando una verdadera voluntad para luchar contra la corrupción.
2. Darle mayor fuerza a los representantes del Poder Judicial (PJ) y Ministerio Público (MP), ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), para lo cual debe convocarse a un concurso público donde los postulantes inscriban su candidatura y se sometan al voto directo y secreto de todos los jueces y fiscales a nivel nacional; y, a su vez, conozcamos la trayectoria democrática y profesional, la formación académica y las propuestas de quienes aspiran a esos cargos. Debemos saber que piensan hacer para mejorar la administración de justicia y combatir la corrupción que existe en el vientre de las instituciones que aspiran a representar.
3. Los procesos de selección, evaluación y ratificación de jueces y fiscales deben ser elaborados o diseñados para lograr que existan magistrados imparciales, probos, honrados, honestos, de conducta intachable, con probada trayectoria democrática, con una verdadera escala de valores (ética y moral), con formación académica y experiencia profesional; y, que las puntuaciones que se otorgan a los aspirantes sea adecuada a las labores y/o tareas que desempeñan. El Perú necesita jueces o fiscales que sean seres humanos, democrátas, que respeten los derechos humanos, que conozcan y apliquen el ordenamiento jurídico vigente; no queremos magistrados teóricos, que sólo repitan el codigo subjetivo o adjetivo.
4. La modificación de la Carta Política para determinar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y la inhabilitación perpetúa para el ejercicio de la función pública, de todos aquellos condenados por delitos de corrupción; evitándose que utilicen la prescripción, por el transcurso del tiempo, para evadir la responsabilidad penal y lograr impunidad.
Lima, junio 2010
