EXIGIMOS UNA DRÁSTICA SANCIÓN.

Nuestro BLOG considera necesario que el Congreso de la República legisle sobre la responsabilidad de los partidos políticos y/o agrupaciones partidarias respecto a los delitos, hechos criminales o ilícitos penales cometidos por sus integrantes, quienes a pesar de ser condenados o sentenciados judicialmente o estar inhabilitados para el ejercicio de la función pública por el Poder Legislativo, continúan como militantes o dirigentes, e incluso aspiran a una nueva elección parlamentaria, regional o municipal o a la reelección inmediata o a seguir controlando la agrupación, ya que eso constituye una señal negativa para la ciudadanía y lanza un mensaje de impunidad en quienes ejercen labores políticas-partidarias.

Agustín Mantilla (fuente: Carlincaturas)

1. Agustín Mantilla, quien fuera Ministro del Interior durante el primer gobierno de Alan García (1985-1990), quien adolece de serios cuestionamientos por la existencia del llamado Comando Rodrigo Franco, quien tiene cierta responsabilidad por violaciones a los derechos humanos debido a su intervención en la matanza sucedida en la Isla penal “El Frontón” (1986) y quien resultó seriamente involucrado en graves delitos de corrupción, aún mantiene una fuerte cuota de poder al interior de su partido Político, a pesar que algunos dirigentes nacionales pretendan negarlo o aún cuando físicamente no ocupe ningún cargo directivo; incluso, su organización política anunció que estaba expulsado y alejado de cualquier encargo partidario. Pero, los hechos demuestran lo contrario, la presencia de Mantilla en las elecciones internas de su partido para designar candidatos a gobiernos regionales y locales, apoyando o respaldando candidaturas y la influencia de las personas de su entorno dentro de la organización partidaria, llámese Comité Ejecutivo Nacional (CEN), demuestran claramente el manejo partidario que mantiene aún cuando se pretenda decir que esta separado de la agrupación. Además, nadie olvida, las reuniones con personas ligadas a la corrupción del gobierno de Fujimori y con un postulante al Tribunal Constitucional (TC) quien resultó electo, pero después anularon el proceso; y, su extraña presencia en la salita del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), lo descalifican para mantener un liderazgo partidario.

2. Alberto Fujimori fue condenado por violaciones a los derechos humanos y por graves delitos de corrupción en agravio del Estado, así como inhabilitado para el ejercicio de la función pública; sin embargo, continúa liderando su agrupación partidaria, sin merecer ninguna sanción adicional, llegando al extremo de reunirse con decenas de postulantes a cargos públicos en su centro de reclusión. Sólo cambian de nombre al Partido o Frente, pero siguen las mismas personas, incluso, la heredera asume el mando, se lanza para la jefatura de Estado y anuncia que en caso de ganar las elecciones generales otorgaría un probable indulto a su padre, el fundador del Partido, aún cuando está prohibido amnistiar, indultar u otorgar derechos de gracia o conmutaciones de pena a quienes cometen crímenes de lesa humanidad. El movimiento político que llevó a Palacio de Gobierno a Alberto Fujimori fue creado por él, se autodenominó jefe vitalicio de la agrupación que nos gobernó autocráticamente de la mano de su asesor Vladimiro Montesinos, con el general EP Nicolás Hermoza y con el siniestro grupo Colina. Actualmente, controla e impone sus decisiones en el Partido; hace y deshace las dirigencias nacionales, evalúa aspirantes, sugiere nombres, interviene al conformar las listas de candidatos para gobiernos regionales y locales, así como para el Poder Legislativo. Además, algunas de sus fanáticas parlamentarias fueron inhabilitadas para el ejercicio de la función pública, pero ahora, sin ninguna vergüenza, anuncian su postulación para el Congreso de la República.

3. Hay otras modalidades de impunidad, como la de Alan García quien a pesar de haber sido acusado constitucionalmente, logró que su profesor del Colegio, a quien nombró juez supremo, le archivara un proceso judicial, se fue del país, espero que transcurra un tiempo, utilizó la prescripción para archivar las causas judiciales, retornó después de 10 años y ahora, increíblemente, nuevamente es jefe de Estado; asimismo, gracias a un Presidente del Congreso que coqueteaba con el grupo parlamentario aprista, logró cobrar rápidamente sus devengados, a pesar que existía una norma legal que lo prohibía. Actualmente, su gobierno, otra vez, está involucrado seriamente en diversos actos de corrupción y para protegerse tuvo que ocurrir la caída del presidente del Consejo de Ministros (PCM) y la forzosa licencia de los dos secretarios generales de su Partido, recientemente electos. Lo anecdótico y/o curioso del tema, es que a pesar de ello, García está feliz, baila de alegría en sus presentaciones públicas y hasta pretende volver a la presidencia de la República (2016). Esto sucede porque su agrupación partidaria no lo sanciona en debida forma, por los diversos hechos de corrupción; y, porque su Partido no adopta medidas drásticas, ni ejemplares. Es más, si alguien pretende hacerle sombra en sus aspiraciones para volver a postular, termina mal parado o liquidado políticamente.

Alan García dando muestras de felicidad y alegria.

En ese sentido, lo que aprecia la población es que los “dueños” de los partidos políticos y su entorno nunca son sancionados, a pesar de cometer graves delitos y ser condenados judicialmente; y, sus agrupaciones partidarias siguen funcionando y participando de la vida política de la Nación, lo cual resulta inaceptable y afecta seriamente la estabilidad democrática favoreciendo abiertamente a la impunidad. Con qué autoridad moral una persona condenada por violaciones a los derechos humanos y por graves delitos de corrupción, que había fugado del país y tuvo que ser extraditado, puede ser un dirigente político-partidario, controlar y dominar una agrupación, elaborar planes de gobierno, coordinar acciones o realizar una serie de actividades propias del movimiento. Ahora bien, qué responsabilidad le alcanza al Partido Político que auspició la candidatura y re-reelección de Alberto Fujimori, cuyos dirigentes mantienen como líder a un condenado por graves ilícitos penales en agravio de Estado y que pretende enviar en sus listas al Parlamento a funcionarios públicos que fueron inhabilitados o sancionados. Puede seguir funcionando un Partido cuyo jefe o “dueño” ha sido condenado judicialmente y donde los demás, supuestos dirigentes nacionales, se someten a dicho mandato, lo respaldan, acatando sus ukases, sin dudas ni murmuraciones y hasta convalidan la candidatura de su hija como si se tratara del cumplimiento de algún tema hereditario. Cómo queda la agrupación que acepta las influencias de Agustín Mantilla en la designación de sus candidatos a elección popular, en puestos públicos o cargos partidarios o aquél partido que no amonesta a Alan García a pesar de las serias evidencias de corrupción de sus dos gobiernos presidenciales.

Los partidos políticos gozan de impunidad a pesar que, en varios casos, sus dirigentes o militantes terminan involucrados en graves hechos de corrupción en agravio del Estado, durante el ejercicio de cargos públicos a los que llegaron por decisión de la propia agrupación partidaria, como el caso de presidentes regionales, consejeros regionales, alcaldes o regidores. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) comprueba el hecho, respetando el debido proceso legal, en instancia definitiva declara la vacancia y lo separan del cargo, pero siguen militando en el Partido. Hasta vuelven a postular para una nueva elección, respaldados por el propio movimiento político. Entonces, esa traición a los electores, a sus colegas de Partido, a los principios y/o ideales de su agrupación partidaria, no merecen ninguna sanción; al contrario, pareciera que resultan premiados con una nueva representación. Ítem más, en algunos casos, los actos de corrupción de la autoridad involucra seriamente al propio Partido, pero la Institución política no recibe ninguna sanción; sin embargo, todos sabemos que la postulación e incorporación en la lista es una decisión de la organización y dirigencia partidaria.

Finalmente, nuestro BLOG considera que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debe pronunciarse, con carácter urgente; y, de ser el caso, también debe presentar las iniciativas legislativas necesarias para ejercer una verdadera labor de fiscalización de las labores o tareas de los partidos políticos, así como de la pureza y/o limpieza de todos sus dirigentes, la separación de los condenados y hasta la cancelación de la inscripción, evitándose la impunidad por la responsabilidad de las agrupaciones partidarias.

Lima, julio del 2010.