LOS “INMUEBLES” DE UN JUEZ SUPREMO.

Heriberto Benítez

El 12 de febrero del 2009, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) dictó, por unanimidad, la Resolución Nº 023-2009-PCNM relacionada al expediente de evaluación y ratificación del juez José Lecaros, quien ingresó al Poder Judicial (1987) durante el primer gobierno de Alan García, quien en el último lustro incrementó su patrimonio en algo más de un cuarto de millón de dólares USA y quien ostenta un honoris causa otorgado por la cuestionada Universidad “Alas Peruanas” (2007), cuatro meses antes de ser nombrado vocal titular de la Corte Suprema de Justicia. La audiencia donde se entrevistó al juez Lecaros, para su ratificación, demostró que los consejeros no tocaron este tema en debida forma y el magistrado tampoco dio explicaciones aceptables; nosotros nos preguntamos, será porque no sabían nada o porque sabían todo.

Esta situación, obliga a nuestro BLOG, a volver a observar la radiografía de los bienes que el juez Lecaros adquirió y encontramos que, el 15 de noviembre del 2001, por ante el Notario Ricardo Ortiz de Zevallos, efectuó la compra ad corpus de un inmueble ubicado en el distrito de San Isidro (Lima), pagando $70,000 dólares USA y constituyéndose una hipoteca en favor del Banco Sudamericano. El 25 de febrero del 2003, ante la Notaria Rosalía Mejía, sorpresivamente, el juez Lecaros, decidió vender esa propiedad, en $ 85,000 dólares USA, a la Empresa Super Micro S.A. (dedicada a la comercialización, distribución, mantenimiento y venta de piezas, repuestos o partes de computadoras), curiosamente, constituida por familiares directos del hoy procesado Alberto Quimper Herrera; luego, el 15 de enero del 2004, ante el Notario Leonardo Bartra, la compradora constituye usufructo a título oneroso, por 99 años, el mismo que concluirá en el 2102, en favor de Ricardo Quimper Herrera, quien deberá abonar, mensualmente, la escasa suma de 100 nuevos soles y, sospechosamente, ese mismo día, la Empresa Super Micro S.A. declara su disolución y liquidación.

El juez Lecaros, dedicado al área penal, resultó tan ingenuo para efectuar una transacción comercial con una Empresa dirigida por familiares directos de quien hoy está procesado por graves delitos de corrupción y con arresto domiciliario; es más, ni siquiera indagó los antecedentes de los compradores de su inmueble. No olvidemos que estamos frente a un conocido letrado que circulaba por los pasos pedidos del Palacio de Justicia y litigaba permanentemente de una manera no muy sana, además de ser cercano al partido de gobierno (APRA); eso lo demuestran los audios que se han hecho públicos.

Por esa razón, nuestro BLOG considera necesario poder determinar, de manera adicional, cómo se produjo la compra-venta y establecer si fue a través de una inmobiliaria, o por medio de un aviso, o por la colocación de un letrero en la puerta o ventana; tal vez, el juez Lecaros sólo lo ofrecía, verbalmente, a los amigos y/o conocidos, o los compradores pasaron, vieron el anuncio y se animaron a adquirirlo, de un momento a otro. Estos datos son relevantes, ya que podríamos estar ante una figura delictiva de corrupción, efectuada mediante una compra-venta simulada, que arrastraría una coima encubierta.

Fuente: Carlincaturas - diario "La República".

Estas dudas aparecen, ya que resulta un poco extraño que habiendo comprado un inmueble, con crédito hipotecario, que escogió libremente y se supone le agradó, de un momento a otro decide venderlo a la Empresa Super Micro S.A. dedicada al rubro de computación, la cual se disuelve y liquida después de la transacción. Acaso no hubiera sido importante que el juez Lecaros, especialista en temas de derecho penal y dedicado a juzgar casos de corrupción, identifique o conozca a los accionistas o directores de la Empresa que adquiere su inmueble. Cualquier persona que compra o vende una propiedad, al menos identifica a la otra parte, averigua quienes son, y a qué se dedican; es algo natural, más aún si está de por medio un juez supremo penal.

Posteriormente, el 06 de mayo del 2005, por ante el Notario César Loayza, el juez Lecaros adquirió un inmueble ubicado en el distrito de San Isidro (Lima), por la suma de $ 143,000 dólares USA, el mismo que fue cancelado por un cheque de gerencia del Banco de Crédito; según informaciones verbales, no se habría constituido ninguna hipoteca. Esto implica una extraordinaria capacidad de ahorro de ingresos familiares, que deberían tener como base las declaraciones anuales que realizan los funcionarios públicos y que aparecen difundidas en el diario oficial “El Peruano”, las cuales por cierto, de una simple lectura no resultan muy satisfactorias para realizar este tipo de adquisiciones, salvo que existan otros ingresos privados no declarados que permitirían la compra. Por ello, como el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) no ha realizado un análisis profundo de las operaciones económicas, ni de las compras-ventas efectuadas por el juez Lecaros, debería efectuarse una pericia imparcial y una pesquisa exhaustiva para determinar si hubieron irregularidades; sobretodo, porque se trata de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia que administra justicia a nombre de la Nación y desempeña funciones en el ámbito penal.

La curiosidad por la aparente afición del juez Lecaros para adquirir inmuebles nos llevó a indagar algo más y pudimos observar que el 15 de junio del 2007, por ante el Notario Jaime Murgía, se compró un departamento, en el mismo distrito de San Isidro, (Lima), por la suma de $ 116,000 dólares USA pagado con cheques de gerencia del Scotiabank y, para sorpresa, el inmueble fue adquirido a la Caja de Pensiones Militar-Policial, cuyos ex directivos tienen procesos judiciales, por delitos contra la administración pública en agravio de Estado y los inculpados pretenden lograr la impunidad; el juez Lecaros trabaja en el campo penal, por su escritorio han pasado expediente referidos a corrupción de funcionarios y al menos, debido a su especialidad, debe conocer ciertas modalidades criminales, fue vocal supremo instructor y candidato para ser jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA). Ítem más, toda la población conoce las irregularidades que sucedieron en la Caja de Pensiones Militar-Policial.

Ahora bien, un examen más profundo de la radiografía a los bienes inmuebles del juez Lecaros, nos permitió establecer que el 15 de octubre del 2001, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) le abrió una investigación preliminar en la época que ejercía funciones provisionales en la Corte Suprema de Justicia. Habían una serie de extrañas compras y ventas de inmuebles, por montos de hasta $ 140,000 dólares USA donde incluso aparecían comprometidos algunos de sus familiares directos; los cargos estaban referidos a un desmedido incremento patrimonial respecto a propiedades ubicadas en el condominio residencial “Las Torcasas”, en la Urbanización IV Centenario, en la Urbanización “Los Ruiseñores”, en el cercado de Arequipa (centro comercial Gran Vía S.A. y en “Edificios Salinas”) y en la ciudad de Lima.

La pesquisa oficial demoró cerca de 12 meses y el 16 de septiembre del 2002, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), sorpresivamente, con los votos de cuatro consejeros Jorge Angulo, Teófilo Idrogo, Fermín Chunga y Jorge Lozada (APRA) resolvió que no había mérito para iniciar un proceso disciplinario disponiendo que se archiven los actuados. El suertudo y afortunado juez Lecaros salió librado, a pesar que sus descargos no convencían, ni desvirtuaban las imputaciones que le formulaban; tampoco se había determinado la existencia de algún desbalance patrimonial y faltaba determinar si el magistrado contaba o no con los ingresos suficientes para adquirir los mencionados inmuebles. Ítem más, se requerían por lo menos dos pericias, una contable de sus ingresos y egresos, y otra valorativa de dichos bienes, como lo planteaban los otros tres consejeros Ricardo La Hoz, Luis Flores y Daniel Caballero, quienes opinaron porque sí se lleve a cabo un proceso disciplinario.

Por último, debe quedar claro que nuestro BLOG divulga estos hechos sin ningún interés subalterno. No pretendemos dañar la honorabilidad de nadie, ni causar perjuicios de ninguna naturaleza; sólo nos impulsa el derecho de saber la verdad, ya que se trata de un miembro de la máxima instancia del Poder Judicial (PJ) que administra justicia a nombre de la Nación, especializado en temas penales y sobre quien las autoridades competentes (Poder Legislativo, Consejo Nacional de la Magistratura o Ministerio Público) deben realizar una exhaustiva investigación para determinar si su patrimonio actual encaja con sus ingresos y/o egresos o si existe la sombra de la corrupción detrás de las transacciones u operaciones económicas efectuadas, ya que podría tratarse de una coima encubierta realizada mediante una compra-venta simulada.

Lima, junio del 2010.