HAGAMOS DOCENCIA POLÍTICA.

Congreso de la República (PERÚ).

Nuestro BLOG considera urgente la aprobación de medidas severas destinadas a evitar la promoción o aval de los parlamentarios tránsfugas; por ejemplo, si algún congresista decide renunciar a su agrupación política, debe quedarse como independiente y no debe integrar ningún otro grupo parlamentario, ni poder crear uno nuevo, durante el período para el que fue electo, así evitaríamos la creación o modificación permanente de nuevas bancadas que generalmente crean una inestabilidad democrática. Nadie discute que un congresista pueda renunciar al grupo político que le permitió acceder a una curul, es su derecho y las razones pueden ser desde partidarias hasta personales; lo que se cuestiona es que luego de apartarse de la agrupación que le permitió acceder al Poder Legislativo, pasen a integrar otra bancada o pretenda crear una nueva, desnaturalizando la composición de los grupos parlamentarios. Quien renuncia permanecerá solitario y aislado; sólo integrará las comisiones donde tengan espacio los independientes y sufrirá las limitaciones que originan el retirarse del Partido que le permitió acceder al Poder Legislativo; tampoco podrá acceder a cargos directivos, ni integrar delegaciones oficiales, ya que no integra ningún grupo parlamentario. No permitamos que quienes renuncian sean reclutados o constituyan otras agrupaciones sin ningún ideal en común, sin una votación sólida, ni disciplinada, que sólo aumentan sus integrantes para tener cierta cuota de poder y negociar determinados privilegios o prebendas.

La legislación debe ser clara y contundente, incluso para aplicar sanciones severas a los partidos políticos que contribuyen a esta figuras extrañas y sospechosas, por no evaluar correctamente a sus candidatos o por servir de vientre de alquiler o conformar sus listas de postulantes por “amistad” o sólo por aportes económicos fuertes para financiar campañas; la responsabilidad está en las agrupaciones que incluyen en sus listas a personas que adolecen de valores y formación ética, sin trayectoria democrática o que utilizan partidos para llegar al Congreso y después sentirse independientes, considerando que son electos por sus votos y no por la lista que integraron. Los postulantes deben entender que existe un lazo que une a la agrupación con las preferencias electorales; si no hubiera partido, no seria candidato y si no hubiera votación nunca seria elegido. No deben olvidar que las agrupaciones les permiten acceder a los cargos públicos; y, por consiguiente, debe existir un mínimo de respeto a la ciudadanía, a la organización y, sobretodo, a sus votantes. Para ello, los propios partidos deben hacer docencia política y explicar las tareas, funciones u obligaciones de los aspirantes a cargos de elección popular, así como hacerles ver la responsabilidad que originaría una conducta inadecuada; hay que aceptar la renuncia, pero no fomentarla. No destruyamos la esencia de la democracia que esta afianzada en los partidos políticos, con vocación democrática; ayudemos a fortalecerlos y no contribuyamos a la destrucción, ni a la falta de credibilidad de la población.

En ese sentido, nuestro BLOG considera que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debe cumplir un rol activo-importante en el fortalecimiento de los partidos políticos; la máxima instancia electoral no sólo debe preocuparse de la inscripción de agrupaciones, con cierto número de firmas de adherentes o de exigir la presentación del curriculm vitae de los postulantes, ni limitarse a pedir la entrega de antecedentes policiales y/o judiciales u hojas de vida de los aspirantes. Más importante sería que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) éste vigilante de la conducta democrática de las organizaciones políticas, del comportamiento de los miembros de las organizaciones políticas y de buscar normas legales enérgicas para aplicar sanciones ejemplares, para lo cual, en caso de ilícitos penales deberá formalizar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público (MP) para que intervenga en su calidad de titular de la acción penal pública, defensor de la sociedad y legalidad.

Jurado Nacional de Elecciones (PERÚ).

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no debe ser un ente decorativo en la marcha o desempeño democrático de los partidos políticos, ni un simple espectador de las renuncias de los militantes elegidos para cargos públicos de votación popular, ni de la existencia de congresistas tránsfugas que cambian de partido rápidamente o crean grupos parlamentarios que desnaturalizan el trabajo legislativo y de control político o fiscalización. No entendemos porque razón hasta la fecha, la máxima instancia electoral aún no presenta los proyectos de Ley necesarios para desarrollar estas labores que apuntan a fortalecer las agrupaciones partidarias y combatir a los parlamentarios tránsfugas que originan una descomposición democrática del Poder Legislativo. Ítem más, debe estudiarse la posibilidad de anular o cancelar la inscripción de los partidos políticos que fomentan los vientres de alquiler o alimentan la existencia de tránsfugas en los cargos de elección popular.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debe respetar la inscripción de los partidos, los procesos internos para elegir a sus dirigentes, las elecciones para sus representantes a cargos públicos, el trabajo propio de cada organización partidaria y mantener el registro de organizaciones; igualmente, debe recibir la renuncia de todos los militantes para la anotación en su registro, con mayor razón cuando se trata de quienes desempeñan funciones públicas en cargos de elección popular, llámese congresistas, presidentes regionales, consejeros regionales, alcaldes o regidores y en estos casos, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debe estar vigilante del desempeño de la función pública de la autoridad que renunció, para evitarse el transfuguismo y la destrucción de la esencia de la democracia.

Lima, junio del 2010.

FUJIMORI y GARCÍA: gemelos políticos.

Alberto Fujimori y Alan García: gemelos políticos.

Alberto Fujimori y Alan García son gemelos políticos; ambos tienen los mismos antecedentes, igual responsabilidad en graves violaciones a los derechos humanos y en escandalosos casos de corrupción ocurridos durante sus gobiernos, comprobados por audios y videos que demuestran las infracciones penales cometidas por autoridades, funcionarios públicos y diversas personalidades. Los delitos cometidos durante la nefasta década de Fujimori han sido judicializados porque cayó el régimen autocrático y perdieron el control del Poder Judicial (PJ) y Ministerio Público (MP) que se encontraban intervenidos por comisiones ejecutivas que garantizaban persecución a los enemigos e impunidad para los allegados; sin embargo, García, con la experiencia adquirida mantiene controlados a jueces y fiscales adictos al poder, lo cual le permite lograr la protección de ciertas personas cercanas a Palacio de Gobierno.

Hay cortinas de humo que desvían la atención de las pesquisas sobre los petroaudios, donde se aprecian conductas vergonzosas ligadas a la corrupción y aparecen involucrados jueces supremos (encargados de administrar justicia a nombre de la Nación) y fiscales supremos (supuestos defensores de la legalidad y de la sociedad), sin que sean sancionados ejemplarmente; al contrario, continúan desempeñando sus funciones, como si nada hubiera sucedido y con el silencio cómplice del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), lo cual constituye mensaje peligroso para la población. Ítem más, para suerte de García, ocurren hechos que distraen el tema de la corrupción, como el crimen cometido por un ciudadano holandés que provocó un desplazamiento policial espectacular, el múltiple asesinato perpetrado por un ciudadano chino que horrorizó a todos y la reciente reconstrucción del parricidio cometido en agravio de una abogada; todo se sumó al desvío de la atención ciudadana sobre los petroaudios, lo cual no debe ser olvidado. Hay que estar alertar y vigilantes de la conducta de jueces y fiscales; sobre todo porque existe un engranaje judicial corrupto vinculado a la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima que es dirigida por un magistrado ligado partidariamente al gobierno.

Ahora bien, queda claro que Alan García apuesta por su gemelo Alberto Fujimori, pero mide a otros postulantes, conversa con distintos aspirantes y eso le permite ir desarrollando un esquema que ayude al gobierno a desviar la atención de los temas de corrupción y empiecen a rememorar la imagen del condenado ex jefe de Estado; no duda en crear un pánico colectivo sobre un posible rebrote de la subversión, hace criticar la excarcelación de Lori Berenson originando protestas de los vecinos y evalúa una conmutación de pena para expulsarla del país, seguidamente, divulgan los pedidos de libertad de Maritza Garrido, Osmán Morote y otros reclusos, luego aparecen extraños videos de reuniones en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y anuncia una probable intervención de la Decana de América. Hay pedidos de amnistía para subversivos, solicitud de legalización de organizaciones para intervenir en las elecciones generales y efectúan requisas a las internas del penal de “Santa Mónica”, encontrándose material delicado cuyo análisis será conocido en los próximos días y donde seguramente los resultados serán espectaculares.

García apuesta por su gemelo Fujimori.

Para nuestro BLOG, toda la conducta de Alan García tiene un claro objetivo: el apoyo político a su gemelo Alberto Fujimori para que su movimiento partidario que tenga más opción en las próximas elecciones, ya que la gente al ver esta situación “preocupante” de la subversión, lo primero que se preguntará es ¿y ahora, quién podrá ayudarnos?. ¿Quién combatió el terrorismo logrando la captura de los llamados líderes terroristas?. Quién vendió el mensaje de la pacificación?. La respuesta inmediata será Alberto Fujimori; entonces, la ciudadanía termina inducida a votar por su heredera sólo por el temor a que recrudezca la subversión. Eso esta en las mentes gemelas de García y Fujimori; sin embargo, debemos confiar en que la gente no se deje sorprender, ni asustar y se mantenga firme en la necesidad de una limpieza pública del Estado, de una lucha frontal contra la corrupción y de una irrestricta defensa de los derechos humanos.

Por último, todos los peruanos sabemos que el trabajo técnico especializado para la detención de los cabecillas del terrorismo lo realizó el GEIN, la unidad especializada de la Policía Nacional del Perú (PNP); y, todos recordamos que el jefe de Estado Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos no sabían nada sobre la captura de Abimael Guzmán, pero, como el operativo se hizo durante su gobierno, entonces se llevaron la aparente gloria del triunfo contra la subversión, que ahora quieren utilizar como propaganda electoral y para lo cual García los está favoreciendo .

Lima, junio del 2010.

LOS “INMUEBLES” DE UN JUEZ SUPREMO.

Heriberto Benítez

El 12 de febrero del 2009, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) dictó, por unanimidad, la Resolución Nº 023-2009-PCNM relacionada al expediente de evaluación y ratificación del juez José Lecaros, quien ingresó al Poder Judicial (1987) durante el primer gobierno de Alan García, quien en el último lustro incrementó su patrimonio en algo más de un cuarto de millón de dólares USA y quien ostenta un honoris causa otorgado por la cuestionada Universidad “Alas Peruanas” (2007), cuatro meses antes de ser nombrado vocal titular de la Corte Suprema de Justicia. La audiencia donde se entrevistó al juez Lecaros, para su ratificación, demostró que los consejeros no tocaron este tema en debida forma y el magistrado tampoco dio explicaciones aceptables; nosotros nos preguntamos, será porque no sabían nada o porque sabían todo.

Esta situación, obliga a nuestro BLOG, a volver a observar la radiografía de los bienes que el juez Lecaros adquirió y encontramos que, el 15 de noviembre del 2001, por ante el Notario Ricardo Ortiz de Zevallos, efectuó la compra ad corpus de un inmueble ubicado en el distrito de San Isidro (Lima), pagando $70,000 dólares USA y constituyéndose una hipoteca en favor del Banco Sudamericano. El 25 de febrero del 2003, ante la Notaria Rosalía Mejía, sorpresivamente, el juez Lecaros, decidió vender esa propiedad, en $ 85,000 dólares USA, a la Empresa Super Micro S.A. (dedicada a la comercialización, distribución, mantenimiento y venta de piezas, repuestos o partes de computadoras), curiosamente, constituida por familiares directos del hoy procesado Alberto Quimper Herrera; luego, el 15 de enero del 2004, ante el Notario Leonardo Bartra, la compradora constituye usufructo a título oneroso, por 99 años, el mismo que concluirá en el 2102, en favor de Ricardo Quimper Herrera, quien deberá abonar, mensualmente, la escasa suma de 100 nuevos soles y, sospechosamente, ese mismo día, la Empresa Super Micro S.A. declara su disolución y liquidación.

El juez Lecaros, dedicado al área penal, resultó tan ingenuo para efectuar una transacción comercial con una Empresa dirigida por familiares directos de quien hoy está procesado por graves delitos de corrupción y con arresto domiciliario; es más, ni siquiera indagó los antecedentes de los compradores de su inmueble. No olvidemos que estamos frente a un conocido letrado que circulaba por los pasos pedidos del Palacio de Justicia y litigaba permanentemente de una manera no muy sana, además de ser cercano al partido de gobierno (APRA); eso lo demuestran los audios que se han hecho públicos.

Por esa razón, nuestro BLOG considera necesario poder determinar, de manera adicional, cómo se produjo la compra-venta y establecer si fue a través de una inmobiliaria, o por medio de un aviso, o por la colocación de un letrero en la puerta o ventana; tal vez, el juez Lecaros sólo lo ofrecía, verbalmente, a los amigos y/o conocidos, o los compradores pasaron, vieron el anuncio y se animaron a adquirirlo, de un momento a otro. Estos datos son relevantes, ya que podríamos estar ante una figura delictiva de corrupción, efectuada mediante una compra-venta simulada, que arrastraría una coima encubierta.

Fuente: Carlincaturas - diario "La República".

Estas dudas aparecen, ya que resulta un poco extraño que habiendo comprado un inmueble, con crédito hipotecario, que escogió libremente y se supone le agradó, de un momento a otro decide venderlo a la Empresa Super Micro S.A. dedicada al rubro de computación, la cual se disuelve y liquida después de la transacción. Acaso no hubiera sido importante que el juez Lecaros, especialista en temas de derecho penal y dedicado a juzgar casos de corrupción, identifique o conozca a los accionistas o directores de la Empresa que adquiere su inmueble. Cualquier persona que compra o vende una propiedad, al menos identifica a la otra parte, averigua quienes son, y a qué se dedican; es algo natural, más aún si está de por medio un juez supremo penal.

Posteriormente, el 06 de mayo del 2005, por ante el Notario César Loayza, el juez Lecaros adquirió un inmueble ubicado en el distrito de San Isidro (Lima), por la suma de $ 143,000 dólares USA, el mismo que fue cancelado por un cheque de gerencia del Banco de Crédito; según informaciones verbales, no se habría constituido ninguna hipoteca. Esto implica una extraordinaria capacidad de ahorro de ingresos familiares, que deberían tener como base las declaraciones anuales que realizan los funcionarios públicos y que aparecen difundidas en el diario oficial “El Peruano”, las cuales por cierto, de una simple lectura no resultan muy satisfactorias para realizar este tipo de adquisiciones, salvo que existan otros ingresos privados no declarados que permitirían la compra. Por ello, como el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) no ha realizado un análisis profundo de las operaciones económicas, ni de las compras-ventas efectuadas por el juez Lecaros, debería efectuarse una pericia imparcial y una pesquisa exhaustiva para determinar si hubieron irregularidades; sobretodo, porque se trata de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia que administra justicia a nombre de la Nación y desempeña funciones en el ámbito penal.

La curiosidad por la aparente afición del juez Lecaros para adquirir inmuebles nos llevó a indagar algo más y pudimos observar que el 15 de junio del 2007, por ante el Notario Jaime Murgía, se compró un departamento, en el mismo distrito de San Isidro, (Lima), por la suma de $ 116,000 dólares USA pagado con cheques de gerencia del Scotiabank y, para sorpresa, el inmueble fue adquirido a la Caja de Pensiones Militar-Policial, cuyos ex directivos tienen procesos judiciales, por delitos contra la administración pública en agravio de Estado y los inculpados pretenden lograr la impunidad; el juez Lecaros trabaja en el campo penal, por su escritorio han pasado expediente referidos a corrupción de funcionarios y al menos, debido a su especialidad, debe conocer ciertas modalidades criminales, fue vocal supremo instructor y candidato para ser jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA). Ítem más, toda la población conoce las irregularidades que sucedieron en la Caja de Pensiones Militar-Policial.

Ahora bien, un examen más profundo de la radiografía a los bienes inmuebles del juez Lecaros, nos permitió establecer que el 15 de octubre del 2001, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) le abrió una investigación preliminar en la época que ejercía funciones provisionales en la Corte Suprema de Justicia. Habían una serie de extrañas compras y ventas de inmuebles, por montos de hasta $ 140,000 dólares USA donde incluso aparecían comprometidos algunos de sus familiares directos; los cargos estaban referidos a un desmedido incremento patrimonial respecto a propiedades ubicadas en el condominio residencial “Las Torcasas”, en la Urbanización IV Centenario, en la Urbanización “Los Ruiseñores”, en el cercado de Arequipa (centro comercial Gran Vía S.A. y en “Edificios Salinas”) y en la ciudad de Lima.

La pesquisa oficial demoró cerca de 12 meses y el 16 de septiembre del 2002, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), sorpresivamente, con los votos de cuatro consejeros Jorge Angulo, Teófilo Idrogo, Fermín Chunga y Jorge Lozada (APRA) resolvió que no había mérito para iniciar un proceso disciplinario disponiendo que se archiven los actuados. El suertudo y afortunado juez Lecaros salió librado, a pesar que sus descargos no convencían, ni desvirtuaban las imputaciones que le formulaban; tampoco se había determinado la existencia de algún desbalance patrimonial y faltaba determinar si el magistrado contaba o no con los ingresos suficientes para adquirir los mencionados inmuebles. Ítem más, se requerían por lo menos dos pericias, una contable de sus ingresos y egresos, y otra valorativa de dichos bienes, como lo planteaban los otros tres consejeros Ricardo La Hoz, Luis Flores y Daniel Caballero, quienes opinaron porque sí se lleve a cabo un proceso disciplinario.

Por último, debe quedar claro que nuestro BLOG divulga estos hechos sin ningún interés subalterno. No pretendemos dañar la honorabilidad de nadie, ni causar perjuicios de ninguna naturaleza; sólo nos impulsa el derecho de saber la verdad, ya que se trata de un miembro de la máxima instancia del Poder Judicial (PJ) que administra justicia a nombre de la Nación, especializado en temas penales y sobre quien las autoridades competentes (Poder Legislativo, Consejo Nacional de la Magistratura o Ministerio Público) deben realizar una exhaustiva investigación para determinar si su patrimonio actual encaja con sus ingresos y/o egresos o si existe la sombra de la corrupción detrás de las transacciones u operaciones económicas efectuadas, ya que podría tratarse de una coima encubierta realizada mediante una compra-venta simulada.

Lima, junio del 2010.

LA IMPUNIDAD DE MAGISTRADOS CORRUPTOS.

Fuente: Carlincaturas - diario "La República".

Los petroaudios permitieron comprobar la existencia de una inmensa telaraña de corrupción, identificaron a funcionarios públicos seriamente comprometidos en situaciones irregulares o escandalosas y dieron una estocada mortal al gobierno de Alan García; golpearon duramente la columna vertebral del Poder Ejecutivo (PE) y el presidente del Consejo de Ministros (PCM) Jorge Del Castillo tuvo que renunciar. La corrupción no se quedó en Palacio en Gobierno, ni en la suite de un Hotel; se extendió al Poder Judicial (PJ) y Ministerio Público (MP), donde algunos vocales y fiscales supremos se vieron involucrados en graves delitos de corrupción, sin que hasta la fecha sean objeto de investigación, ni de sanción. Incluso, dichos magistrados están siendo protegidos y gozan de impunidad; continúan impartiendo justicia y defendiendo la legalidad, como si nada hubiera sucedido, poniendo en peligro la seguridad jurídica de la Nación. Todo indica que los audios habrían sido groseramente manipulados; estando en discusión si la responsabilidad recae en la Policía Nacional del Perú (PNP), Ministerio Público (MP) o Poder Judicial (PJ). El fiscal y la jueza están en un constante y/o evidente enfrentamiento que afecta seriamente la esencia del proceso penal destinado a luchar contra la corrupción; pero, las pesquisas judiciales están empañándose y enturbiándose, las investigaciones llegan manchadas por la corrupción, los vicios procesales saltan a la vista, las pérdidas o cambios de material electrónico favorecerían al jefe de Estado, algunos ministros, jueces o fiscales corruptos y conducen directamente a la impunidad.

José Peláez, el conocido “tuco”, está en una situación comprometedora; sin embargo, la Fiscal de la Nación, ligada familiarmente al partido de gobierno (APRA), no ha adoptado ninguna medida como titular de la acción penal pública. El fiscal Peláez, curiosamente, tiene a su hermano como integrante del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en representación del Poder Judicial (PJ) y, también, tiene otro hermano que es legislador y miembro de la Célula Parlamentaria Aprista (CPA); por eso, tiene protección y esta seguro que nada le pasará, continuará en su puesto. Ítem más, hemos sido informados que pretende ser el próximo Fiscal de la Nación.

Fuente: Carlincaturas - diario "La República".

Por otro lado, nuestro BLOG, se permite recordar las sospechosas reuniones de César Vega (actual presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima) con Alberto Quimper y Rómulo León, quienes, además están vinculados y/o ligados por simpatías partidarias (APRA); el primero pertenece al buró de conjunciones, el segundo fue candidato al Congreso y el tercero fue diputado por Lima y Ministro de Pesquería durante el primer gobierno de Alan García (1985-1990). Igualmente, nadie olvida la existencia de audios que involucran gravemente a vocales supremos respecto a recomendaciones profesionales en el juicio de una importante Empresa minera y sobre un proceso judicial del Banco de la Nación, donde hasta la fecha no hay ninguna sanción.

Por último, cada vez que hay magistrados comprometidos en delitos de corrupción u otros ilícitos penales, los indicios se esfuman sospechosamente y las pruebas desaparecen misteriosamente; y, si los hechos criminales se denuncian ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), los absuelven de toda responsabilidad o proponen sanciones menores, que el Poder Judicial (PJ) nunca cumple.

Lima, junio del 2010.

PROTESTA CONTRA EL PODER JUDICIAL (PJ).

Basta de abusos y atropellos !!!

Hace dos años, el periodista Efraín Rúa del diario “La Primera” (PERÚ) dio cuenta de una denuncia efectuada por los comuneros de San Pedro de Lloc (La Libertad) quienes indicaban que en la venta de sus tierras aparecía la sombra del hijo del jefe de Estado junto a una determinada empresa, la cual envió una misiva aclaratoria el pasado 23 de julio del 2008, la misma que se divulgó, dándose por terminado el incidente; pero, lo curioso del asunto es que varios días después el heredero del presidente de la República presentó una querella por difamación agravada, contra el director del diario y el periodista mencionado, solicitando el pago de una reparación civil del $ 100,000 dólares USA y señalando que la información buscaba un efecto malicioso contra su padre y su actividad funcional, pretensión que desnaturalizaba totalmente la esencia de aquellos procesos judiciales que requieren como condición sine que non que sean dolosos y para ello la ofensa debe ser directa e intencional contra el supuesto agraviado y no contra parientes, ni familiares, ni terceros. El proceso penal debió ser archivado; sin embargo fue admitido a trámite y la causa aún continúa. El director del diario fue absuelto, pero, increíblemente, el periodista Rúa ha sido condenado por el Poder Judicial (PJ) mediante sentencias logradas por influencia político-partidaria y debido a la existencia de un egranaje judicial-corrupto. Ahora está en discusión, si aceptan un recurso de nulidad para que el expediente sea derivado a la Corte Suprema de Justicia donde se definiría el tema, previo dictamen del Ministerio Público (defensor de la legalidad y de la sociedad).

Por ello, ante esta vergonzosa situación, nuestro BLOG extiende su solidaridad a Efraín Rúa del diario “La Primera”, así como a todos los demás periodistas que vienen atravesando una situación similar, y hace pública una enérgica protesta contra el Poder Judicial (PJ) debido a que se esta afectando los derechos fundamentales a la libertad de expresión, opinión e información y eso constituye una violación del artículo 19° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos el cual determina que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”, implica un atropello al inciso primero del artículo 19° del Pacto de Derechos Civiles y Políticos adoptado por las Naciones Unidas (ONU) el cual establece que “nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones” y significa que se está pisoteando el artículo 13° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos el cual detalla que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.

Lima, junio del 2010.

JUECES SE NIEGAN A CUMPLIR LA LEY.

Hacemos pública la preocupación de cientos de ciudadanos que se han dirigido a nuestro BLOG para comunicarnos que en el Poder Judicial (PJ), hay jueces penales que, dolosamente, se resisten a tramitar acciones constitucionales de habeas corpus verbales, a pesar que nuestro ordenamiento jurídico vigente sí permite esa probabilidad; incluso, todos sabemos que el Código Procesal Constitucional determina que, en esos casos, debe levantarse un acta sin otra exigencia que la de suministrar una sucinta relación de los hechos. Ítem más, la demanda puede presentarse por correo o a través de otros medios electrónicos de comunicación.

Ahora bien, hay casos en que el accionante lleva el documento redactado, pero los magistrados se niegan a recibirlo y señalan que debe ser entregado en mesa de partes o, en todo caso, ante el juez penal de turno, lo cual desnaturaliza, totalmente, la esencia fundamental del habeas corpus que tiene un carácter sumarísimo y efectivo para la protección de los derechos humanos; ello sucede, permanentemente, en el Poder Judicial (PJ) a pesar que el artículo 28° del Código Procesal Constitucional establece que se puede interponer ante cualquier juez penal, sin observar turnos. Toda esta definición queda en la teoría y sirve para los textos de derecho; pero, en la práctica quienes litigamos sabemos, perfectamente, que eso es pura fantasía o ilusión. Las autoridades jurisdiccionales y las oficinas de control, no hacen nada para evitarlo; ningún magistrado ha sido sancionado por negarse a tramitar una acción constitucional de habeas corpus verbal o ni por resistirse a levantar un acta. El Ministerio Público guarda un silencio cómplice; no interviene de oficio, ni formaliza ninguna denuncia en defensa de la legalidad, ni de la sociedad.

Por ello, nuestro BLOG, exhorta públicamente al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Poder Judicial (PJ), Ministerio Público (MP), Ministerio de Justicia y a todos los colegios de abogados del país para que realicen todos los esfuerzos necesarios para lograr un juez o fiscal imparcial, honesto, honrado, idóneo, justo, con valores, ética, moral y trayectoria democrática comprobada, con una formación académica especializada y con amplia experiencia en litigio; y, para que apliquen sanciones ejemplares a los magistrados prevaricadores que violan la Ley o se resisten a cumplir las normas legales vigentes, afectando gravemente los derechos elementales de la población.

Lima, junio del 2010.

jefe de Estado ingresando a nuestro BLOG

Hace poco, recibimos ésta foto del jefe de Estado en momentos que ingresó a observar nuestro Blog "CORRUPTOS A LA CÁRCEL", recientemente creado para luchar frontalmente contra la corrupción que existe al interior del Poder Judicial (PJ) y Ministerio Público (MP); la fuente, directa y cercana, nos pidió que guardemos reserva absoluta de su identidad y así lo haremos. Igualmente, nos comentó la preocupación del primer mandatario de la Nación por las denuncias que pudieran difundirse o sanciones que puedan aplicarse contra los magistrados cercanos a su entorno o adictos a su gobierno.

Por otro lado, hemos sido informados que la aparición de nuestro Blog ha causado un terremoto al interior del Poder Judicial (PJ) y Ministerio Público (MP); sobretodo, entre los jueces y fiscales acostumbrados a gozar de impunidad. Los magistrados corruptos, mafiosos y coimeros están asustados, ya que serán identificados y denunciados ante las autoridades competentes, a fin que los sancionen ejemplarmente. Incluso, algunos trabajadores honrados del Poder Judicial (PJ) y Ministerio Público (MP), nos han comunicado que ciertas personas, mal intencionadas, pretenden presentarnos como enemigos de las autoridades judiciales y fiscales; lo cual no es cierto, lo rechazamos públicamente. Nosotros queremos defender a la población de los abusos y atropellos que cometen algunos jueces o fiscales corruptos, abusivos y totalitarios, los cuales deben ser inmediatamente destituídos y enviados a la cárcel.

Lima, junio del 2010.

PROPUESTAS DEMOCRÁTICAS

Palacio Nacional de Justicia (Perú)

La población necesita que la administración de justicia sea imparcial y eficaz; que la autoridad jurisdiccional garantice la vigencia de los derechos fundamentales de los justiciables y que los corruptos sean enjuiciados, con respeto al debido proceso legal, y sancionados ejemplarmente, con penas efectivas. En ese sentido, más grave resulta el crímen (delito) cometido por el funcionario público encargado de impartir justicia o quien desempeña el papel de defensor de la legalidad y de la sociedad; por eso, hay que ser drásticos y enérgicos cuando se trata de infracciones penales cometidas por jueces o fiscales. Para ellos, el mensaje directo es destitución y prisión; no queda otro camino. La ciudadanía está cansada de tantos abusos y atropellos que se cometen en el Poder Judicial (PJ) y Ministerio Público (MP); y, cuando presentan sus quejas ante los órganos de control, nadie resulta sancionado, los magistrados continúan en sus puestos como si nada hubiera sucedido e incluso puede haber represalias contra el quejoso.

Fuente "Carlincaturas"

Por eso, consideramos necesario e indispensable describir algunas propuestas democráticas:

1. Las oficinas de control del Poder Judicial (PJ) y Ministerio Público (MP) deben depender directamente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) a fin que actúen sus pesquisas con mayor transparencia, imparcialidad, independencia y autonomía; hay que cortar ese cordón umbilical que permite la impunidad de aquellos magistrados que desempeñan una inconducta funcional. Las denuncias contra jueces o fiscales, de todas las instancias, deben ser presentadas directamente ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y para ello se requiere que dicha Institución impulse una inmediata reforma constitucional, demostrando una verdadera voluntad para luchar contra la corrupción.

2. Darle mayor fuerza a los representantes del Poder Judicial (PJ) y Ministerio Público (MP), ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), para lo cual debe convocarse a un concurso público donde los postulantes inscriban su candidatura y se sometan al voto directo y secreto de todos los jueces y fiscales a nivel nacional; y, a su vez, conozcamos la trayectoria democrática y profesional, la formación académica y las propuestas de quienes aspiran a esos cargos. Debemos saber que piensan hacer para mejorar la administración de justicia y combatir la corrupción que existe en el vientre de las instituciones que aspiran a representar.

3. Los procesos de selección, evaluación y ratificación de jueces y fiscales deben ser elaborados o diseñados para lograr que existan magistrados imparciales, probos, honrados, honestos, de conducta intachable, con probada trayectoria democrática, con una verdadera escala de valores (ética y moral), con formación académica y experiencia profesional; y, que las puntuaciones que se otorgan a los aspirantes sea adecuada a las labores y/o tareas que desempeñan. El Perú necesita jueces o fiscales que sean seres humanos, democrátas, que respeten los derechos humanos, que conozcan y apliquen el ordenamiento jurídico vigente; no queremos magistrados teóricos, que sólo repitan el codigo subjetivo o adjetivo.

4. La modificación de la Carta Política para determinar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y la inhabilitación perpetúa para el ejercicio de la función pública, de todos aquellos condenados por delitos de corrupción; evitándose que utilicen la prescripción, por el transcurso del tiempo, para evadir la responsabilidad penal y lograr impunidad.

Lima, junio 2010

RETROCEDER NUNCA, RENDIRSE JAMÁS.

Heriberto Benítez

Queremos expresar un agradecimiento público a todas las personas que respaldaron nuestra postulación para ser representante de los abogados del país ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM); a quienes con lealtad nos acompañaron durante la cruzada nacional que emprendimos para combatir a los magistrados mafiosos y coimeros; a quienes confiaron en nuestro mensaje sincero, honesto, firme y directo para enfrentar la corrupción que existe en el vientre del Poder Judicial (PJ) y Ministerio Público (MP); y, a quienes votaron por esta noble causa que proponía la destitución y prisión para los jueces o fiscales corruptos o prevaricadores.

Tenemos la obligación ética y moral de continuar luchando; estamos fortalecidos. Nada nos detendrá, ni asustará; seguiremos peleando, desde la trinchera democrática en que nos encontremos, de manera frontal contra los jueces o fiscales corruptos que tanto daño le ocasionan a los justiciables.

Lima, junio del 2010.

Heriberto Benítez (Abogado)
Comando Nacional de Campaña (CNM)